En Colombia se ejerce el periodismo bajo intimidación, advierte el CPB
El poder de intimidación de varios órganos del Estado, de organizaciones criminales y grupos armados, tiene en vilo el ejercicio pleno de la libertad de prensa y de expresión en Colombia.
La Asamblea General del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, reunida el 6 de julio de 2013, llama la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre los hechos que en los últimos meses han atentado contra los medios de comunicación, el libre ejercicio del periodismo, el derecho al trabajo y la libertad de expresión.
En primer lugar, la persecución desatada contra la Directora del Noticiero Noticias Uno, medio ganador este año del Premio CPB a la Libertad de Expresión.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, según denuncia Cecilia Orozco Tascón, la amenazó a ella como Directora de Noticias Uno y columnista del diario El Espectador, con adelantarle un proceso judicial a raíz de los informes del Noticiero y de sus columnas en El Espectador sobre el comportamiento de algunos magistrados, quienes han presionado su salida de los medios en que ella ejerce el periodismo.
Haciendo uso de ese mismo poder intimidatorio, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, presiona ante los jueces que deben fallar tutelas interpuestas contra la misma periodista.
Siguen en la impunidad los asesinatos y las amenazas criminales a los periodistas en Colombia, como el ataque armado a Ricardo Calderón de la revista Semana, que demuestran el empeoramiento de las condiciones para el libre ejercicio del periodismo en el país, mientras el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez responde a las críticas que se le hacen desde los medios de comunicación, agraviando a los periodistas colombianos bajo el señalamiento de ser drogadictos.
Recientemente ha aflorado el espionaje en las salas de redacción sobre los contenidos próximos a ser publicados en los medios.
El caso de Teleantioquia, en Medellín, hizo visible ante la opinión pública los lineamientos políticos que deben seguir los periodistas para conservar el empleo en los canales regionales de televisión, administrados bajo los intereses de los gobernadores departamentales, de los diputados y de sus partidos. En Telecafé ocurrió algo similar que desembocó con el retiro del director del noticiero, William Restrepo y algunos de los periodistas. La Autoridad Nacional de Televisión guarda silencio frente a estos casos.
Los ataques judiciales contra el ejercicio periodístico se refleja igualmente en el incremento de las denuncias por injuria y calumnia, herramientas legales que penalizan la libertad de prensa y de expresión, de las que se valen corruptos y personajes con poder político para intimidar periodistas y columnistas.
De otra parte, el CPB expresa preocupación porque algunos medios de comunicación están eliminando la reportería para maximizar utilidades a costa de la calidad y la independencia de periodistas sometidos al miedo a perder su remuneración.
El CPB destaca que a pesar de las condiciones actuales, el Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, en actitud ejemplarizante frente a los mandatarios de naciones vecinas, ha dado un primer paso en defensa de la libertad de prensa al pronunciarse verbal y públicamente contra un artículo de la Reforma Carcelaria que establecía la censura para las entrevistas a personas detenidas.
Esa clara y decisiva posición del jefe del Estado también debería impulsar desde su alta investidura la modificación de decretos y de leyes mediante los cuales se restringe el acceso a documentos públicos y a algunas fuentes; leyes como la de Inteligencia y el decreto que autoriza la interceptación de llamadas telefónicas y de correos.
Bogotá, D. C. 6 de julio de 2013.
